A Saray Castillo, de 15 años de edad y cinco meses de embarazo, no le pesa tanto la barriga como los prejuicios. Ha tenido el apoyo de sus padres, quizás porque pasaron por una situación similar con la mayor de sus hijas, que también quedó embarazada siendo una adolescente. Pero ha tenido que soportar el desprecio de quienes se limitan a decirle que debe acarrear con las consecuencias de “haber metido la pata”.

Saray es una de las venezolanas que engrosan la tasa de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años: 95 por cada mil. El indicador, establecido en el Informe del Estado de la Población Mundial 2017 del Fondo de Población de Naciones Unidas y validado por las autoridades sanitarias de Venezuela, supera el promedio de América Latina y el Caribe, calculado en 64 embarazos por cada mil adolescentes.

El embarazo adolescente es un problema de salud pública en Venezuela que impacta con mayor inclemencia a los sectores más pobres de la población. Y así lo reconoce el Estado venezolano en el Plan Nacional para la Prevención y Reducción del Embarazo en la Temprana Edad y la Adolescencia (2017 -2021), aprobado en septiembre de 2017.

"El número de madres adolescentes se incrementa a medida que aumenta la condición de pobreza. Los hogares en condición de pobreza extrema (dos o más necesidades básicas insatisfechas) cuentan con 15,69% de madres adolescentes, los hogares pobres no extremos (un indicador de necesidades básicas insatisfechas) 12,6%, mientras que los no pobres (no presentan ningún indicador de necesidades básicas insatisfechas) tan solo 7,75%", se indica en el referido plan.

Saray asume con entereza haberse visto obligada a “adelantar” su madurez. Ahora debe ser más organizada para proseguir sus estudios en parasistema, pues tuvo que abandonar el liceo donde estudiaba tercer año de bachillerato (el Colegio Mariscal Sucre, cuya sede está en Sabana Grande, precisa), ya que allí no admiten embarazadas.

"Es que el Mariscal Sucre es un colegio casi militar y no permiten esas cosas; más que todo por su reputación. Me dijeron que una estudiante embarazada lo que va a hacer es corromper, dar un mal ejemplo", cuenta la muchacha. Desconocía que, al menos en teoría, el derecho de las adolescentes embarazadas a continuar su educación en cualquier escuela del país está garantizado a través de la Resolución 1762 del Ministerio de Educación, que data de 1996 y que luego fue incorporada a la ley.

Ahora debe aprender un oficio para obtener ingresos en vez de gastar en una peluquería la mesada que le podrían dar sus padres. Ahora debe ir a más a control prenatal que al cine. Ahora debe comer más granos y menos golosinas. Granos, repite la muchacha, porque asegura que en su familia no hay suficiente dinero para consumir otro tipo de proteínas. Y se refiere a la situación generalizada de escasez y alto costo de los alimentos que afecta a toda la población venezolana, pero que en el caso de las embarazadas pone en mayor riesgo su salud y la del bebé por nacer.

Algunos de los análisis de laboratorio que necesita los cubre la póliza de un seguro privado que tiene su familia. "Pero el seguro no cubre otras cosas, como los ecosonogramas. Yo necesito un control muy estricto, tengo que hacerme todos los exámenes mensualmente, porque mi tipo de sangre es negativo y la del papá del bebé es positivo", explica la joven.

El padre de Saray, Enrique Castillo, agrega que para evitar los riesgos de la incompatibilidad sanguínea su hija necesita Rhogan, un fármaco importado, que le deben administrar a las 28 semanas de gestación. Desconocen el costo de ese medicamento, pero presumen que puede ser muy alto.

La muchacha y su familia descartan la posibilidad de obtener el tratamiento médico que requieren de forma gratuita en un centro de salud público. “Yo, además de la clínica que me asigna el seguro privado, voy a control prenatal en la Maternidad Santa Ana. Allí voy a parir, pero allí no hay nada, ni reactivos para los exámenes ni las vitaminas que manda el médico”, indica la adolescente.

Con frustración y algo de rabia, Saray cuenta que trató de obtener la tarjeta de débito Hogares de la Patria para recibir el subsidio directo de 140.000 bolívares que ofrece el gobierno venezolano a las personas con mayor precariedad económica. Aseguró que acudió hasta al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo Nacional, pero que después de todo un día de espera le dijeron que para recibir la ayuda debía poseer el Carnet de la Patria, el más reciente mecanismo implementado por el gobierno para administrar subsidios y, en general, el acceso de la población a bienes y servicios esenciales.

“De ahora en adelante vamos a gobernar con el Carnet de la Patria, desde las bases, desde el pueblo. Todos los programas, misiones, grandes misiones, bonos, y planes de protección contra la guerra económica… Todo, Carnet de la Patria”, advirtió el presidente Nicolás Maduro, el 3 de diciembre de 2017.