Mariluz, Angie y María viven en un barrio de Los Valles del Tuy, a pocas horas de Caracas, donde cada una espera un bebé y, al mismo tiempo, algún auxilio estatal que las proteja de la emergencia económica que atraviesa Venezuela.

Mariluz Urbina reposa en una silla de mimbre fuera de su casa, y a las diez y media de la mañana de este domingo 26 de noviembre de 2017 aún no toma el desayuno. Tampoco, entonces, su futuro bebé. “No he comido nada”, dice. “Porque me iba a comer una arepa con lo que se está comiendo ahorita mi hijo y…”. No explica más y sonríe porque el niño se asoma a la puerta con el plato ya acabado en las manos.

La comunidad en que residen se llama Tomuso Viejo y está ubicada en el estado Miranda, en el centro-norte del país. Es una de las barriadas que surgieron en torno a las ciudades de Los Valles del Tuy, en este caso junto a Santa Teresa del Tuy. Mariluz deberá al día siguiente caminar con sus seis meses de embarazo por varias calles de tierra hasta llegar a la avenida, por donde transitan los autobuses que hace meses no entran a las rutas deterioradas de su comunidad. “Mañana voy pa’ que la doctora María”, dice en referencia a la que sería su segunda consulta de control prenatal en la localidad contigua. “Allá en Dos Lagunas porque en el ambulatorio de aquí no está atendiendo nadie”. Los vecinos coinciden en que el módulo de la Misión Barrio Adentro de Tomuso Viejo no cuenta con personal de salud desde cuatro meses atrás. Mariluz quedó disgustada con el único trato recibido en ese centro de atención: “A mí me dieron un ácido fólico ahí y estaba vencido, y yo no lo quise tomar”.

Tiene 40 años de edad y explica que vive con dos de sus seis hijos mientras su suegra aloja a los demás, y que su esposo carece de trabajo estable. Hasta hace tres años recibió una ayuda económica del programa Misión Hijos de Venezuela, que a partir de 2014 quedó bajo el paraguas de la llamada Gran Misión Hogares de la Patria, creada por el presidente Nicolás Maduro para fusionar las distintas iniciativas estatales para la protección de las familias pobres del país. Desde entonces no ha sido beneficiada con el nuevo programa.

La caja de alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) -la principal política alimentaria diseñada y ejecutada por el Estado en respuesta a la crisis económica- llegó a las casas de Tomuso Viejo hace dos días, el viernes 24 de noviembre, aunque los vecinos la esperaban desde la semana anterior. El mes pasado llegó el 18 de octubre, pero la irregularidad no es de extrañar: aseguran que en febrero nunca apareció, ni tampoco en junio. La caja contiene un kilo de harina, uno de azúcar, uno de lentejas, dos de caraotas, tres de arroz, dos litros de aceite, dos litros de una fórmula láctea, tres paquetes de pasta de 200 gramos cada uno, cuatro latas de atún, un pote de salsa de tomate y otro de mayonesa.

“Me dijeron que tomara jugos, carne”, enumera Mariluz sobre sus indicaciones médicas. Hace una pausa, ríe y continúa: “pescado, ensalada…”. No sigue hablando porque se interrumpe a sí misma con una carcajada que contagia a sus amigas. Mariluz de pronto está encorvada de la risa y luego, tratando de recuperar el aliento, concluye: “Eso era antes que uno…, pero ahora no. Yo le digo a mi hija que esta niña me va a salir de bajo peso”. Hace el cálculo a partir de su propio cuerpo: “Yo ahorita estoy pesando 60 kilos estando embarazada, y ese era mi peso normal. La doctora me ha dicho que tengo que alimentarme bien, ¿pero cómo hago?”.

Un par de calles más abajo vive Angie Serrano. Tiene 20 años de edad y cinco meses de su segundo embarazo. Pesa 48 kilos y el médico también le ha advertido que debe mejorar su estado nutricional. Por eso ha discutido varias veces con el coordinador del Clap en la comunidad para ser incorporada en la lista de beneficiados con cajas de comida, pues desde que regresó a vivir a casa de su madre cuando salió embarazada, el censo local no ha sido actualizado. “A veces almuerzo arroz, pasta, granos”, indica la joven. Y su madre suma otro carbohidrato: “Cuando se consigue, sino come arepa”. Angie comenzó hace un mes en el Plan Chamba Juvenil, un programa del Estado destinado a la ocupación laboral de jóvenes no escolarizados o con carga familiar. En el momento de la entrevista, Angie estaba a la espera de que le informaran sobre el primer pago. “He ido a los controles médicos en el hospital de Santa Teresa del Tuy y me han mandado los exámenes, pero no tengo los recursos como para pagar”.

El seguimiento de su embarazo tampoco ha encontrado amparo en la red ambulatoria: “Además, cuando me hice los exámenes en Dos Lagunas, el doctor no me los quiso ver”, en referencia a los resultados de laboratorio del módulo de Barrio Adentro. “Eso es una problemática que hay: los privados y otros centros de atención no aceptan exámenes hechos por cubanos”, interviene Ninoska Colmenares, otra madre de la comunidad.

María Briceño, quien vive en la casa de enfrente, también controla su embarazo de seis meses en el mismo hospital de Santa Teresa del Tuy. Recuerda que cuando los dos hijos anteriores, de siete y cuatro años, estaban en su vientre, recibió vitaminas, ácido fólico y hierro en el ambulatorio de Tomuso Viejo, pero en esta nueva ocasión se vio obligada a acudir al hospital, donde, afirma, se resistieron a atenderla en un principio porque allí insistían en que ella debía ser atendida en el consultorio de Barrio Adentro más cercano a su residencia: “Pero en este consultorio no hay médico, y por eso está cerrado. Yo no voy a esperar a que vaya a parir para que cuando llegue el día, el niño o venga con problemas o tenga una malformación”.